La prolongada falta de lluvias y la pérdida de cultivos mantienen en alerta a las instituciones encargadas de atender la seguridad alimentaria. Autoridades estiman que alrededor de 1.2 millones de familias han resultado afectadas a nivel nacional, así fue expuesto en una citación de la diputada Alexándra Ajcip, subjefa del bloque Elefante.
Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), informó que, con base en los reportes que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), actualiza cada ocho días, se han identificado 18 mil 798 familias afectadas por pérdida de cultivos en el departamento de Guatemala, donde hay diez municipios en alerta anaranjada; dos, en rojo y uno en amarillo.
El impacto es mayor a nivel nacional, el MAGA estima aproximadamente 1.2 millones de familias afectadas por la pérdida de cultivos, principalmente de maíz y frijol, productos fundamentales para la alimentación de las familias rurales.
La funcionaria explicó que se registraron 62 días sin lluvia y advirtió que los meses de enero, febrero y marzo de 2027 serán críticos debido al impacto previsto de las condiciones climáticas. Ante este escenario, informó sobre un plan interinstitucional de asistencia humanitaria presentado al presidente de la República para atender a las familias afectadas.
Como parte de la estrategia se destinaron Q500 millones para adquirir 671 mil raciones de alimentos. Cada ración estará integrada por 100 libras de maíz, 30 libras de frijol y 10 libras de arroz, para un total de 140 libras de alimentos, con un costo estimado de Q745 por ración. Sin embargo, las instituciones deberán establecer criterios de priorización para definir a los beneficiarios debido a que la cantidad no será suficiente para cubrir a todos los afectados.
La Conred será la entidad encargada de ejecutar los recursos por medio de un convenio con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que tendría a su cargo la entrega y distribución de los alimentos en los municipios. Los listados de beneficiarios serían elaborados por las municipalidades y posteriormente validados por los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) municipales y departamentales, antes de ser trasladados al COE nacional.
